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De Minuto30.Com | Por Nicolás Pérez
Reducción de la pobreza, reactivación económica y generación de empleo. Estas son las tres grandes prioridades que deben marcar la agenda legislativa y política del Gobierno a corto plazo. La pandemia generó estragos sin precedentes en el ámbito social y se requerirá una coordinación perfecta entre los sectores público y privado para recuperar los avances logrados en los últimos 20 años.
A comienzos de este siglo, en 2002, el 49.7% de los colombianos vivían en condición de pobreza. Para 2012 ese indicador disminuyó al 40.8% y a corte de 2019, antes de la pandemia, la cifra se ubicó en 35.7%. Aunque la reducción de 14 puntos lograda en las últimas dos décadas fue significativa, seguía siendo sumamente alta, dado que de los 50 millones de colombianos, 17.4 millones percibieron en 2019 un ingreso mensual inferior a $327.647.
A su vez, de 2002 a 2019 el porcentaje de personas en pobreza monetaria extrema, es decir, quienes ganaron a precios de 2019 menos de $137.350 mensuales, bajó de 17.7% a 9.6%. Una disminución importante, pero que todavía tenía a 4.6 millones de personas en esta condición.
Si no hubiera llegado el coronavirus, muy seguramente la tendencia a mediano plazo hubiera continuado siendo descendente, con las lógicas variaciones que pueden suceder de un año a otro. Sin embargo, la pandemia tiró al piso los esfuerzos hechos en materia de reducción de la pobreza durante los últimos 20 años y de acuerdo a las proyecciones de Fedesarrollo el número de colombianos en esta situación pudo haber ascendido a 49% en 2020.
Aunque estamos a la espera del dato oficial del Dane, es evidente que la situación es crítica y prácticamente nos tocará comenzar desde cero. Por eso, las medidas administrativas y legislativas que se adopten este semestre deben ir encaminadas a este propósito superior, lo cual depende de varios factores.
Por un lado, urge encontrar la forma de prolongar por un tiempo las ayudas sociales que entregó el Gobierno a raíz de la pandemia, tales como los giros adicionales a las 2.6 millones de familias en acción, a los 296.000 jóvenes en acción y el ingreso solidario a 3 millones de hogares. Estas transferencias extraordinarias han sido vitales para mitigar el impacto de la crisis y ciertamente serán determinantes para evitar un incremento mucho más severo en los índices de pobreza en los próximos meses y años.
Lógicamente, las dificultades fiscales del País son el principal obstáculo para lograrlo, por lo cual debemos ser creativos para conseguir esos recursos a través de medidas como la disminución de los gastos de funcionamiento o la enajenación de activos no esenciales.
Por otro lado, paralelo al avance del plan de vacunación debe acelerarse el proceso de reapertura económica. De hecho, si bien es verdad se ejecutarán como inversión pública $58.5 billones del Presupuesto General de la Nación 2021 y $16.1 billones del Presupuesto Bienal de Regalías 2021-2022, este componente estatal es insuficiente si el sector privado, que genera más del 80% del empleo del País, sigue limitado por restricciones como el pico y cédula, los toques de queda, la restricción de eventos o los horarios limitados.
Tan es así, que la reactivación vivida de junio a diciembre de 2020 permitió recuperar 4.7 de los 5.4 millones de empleos perdidos por la cuarentena. Un indicador alentador del cual nos debemos aferrar para poder bajar la cifra de desempleo a un dígito.
Ahora bien, muy difícilmente se logrará ese objetivo si se desmontan los incentivos a la inversión que le permitieron al País registrar en 2019 la mayor cifra de crecimiento económico en seis años. Los contratos de estabilidad jurídica, la disminución de la tasa de tributación corporativa o las exenciones del impuesto de renta a las inversiones agrícolas y de economía naranja, son tan solo algunas de las disposiciones que se deben mantener para fomentar la productividad nacional y atraer capitales extranjeros.
Solamente a través de esta unión entre política social y reactivación económica podremos generar empleos de calidad y recuperar los esfuerzos hechos para reducir la pobreza. Un propósito superior que debe tener prelación antes que inmiscuirnos en controversias teóricas que poco o nada ayudan a solucionar las dificultades concretas de los colombianos
La opinión del autor de este espacio no compromete la línea editorial de Minuto30.com tampoco a MGC.
